Latinos en USA:
'¡Aquí estamos y no nos vamos!'
Con una serie de huelgas y manifestaciones, sin
precedentes, los y las inmigrantes latinos han desatado una lucha sin cuartel
contra la represión, la explotación y el racismo que enfrentan habitualmente
en los Estados Unidos. Las movilizaciones empezaron el 10 de marzo, cuando más
de medio millón de inmigrantes y sus simpatizantes salieron a las calles de
Chicago. Fue el acto de protesta más grande registrado en la historia de esa
ciudad. Luego de la acción en Chicago, las huelgas y protestas se expandieron
en cadena a otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo largo y ancho del país.
Millones salieron el 25 de marzo para un 'día nacional de acción'. Entre uno y
dos millones de personas manifestaron en Los Angeles -en el mayor acto de
protesta pública en la historia de la ciudad-, y millones más hicieron lo suyo
en Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D.C., Phoenix, Dallas, Houston,
Tucson, Denver y docenas de otras ciudades. De nuevo, el 10 de abril, millones
acudieron al llamado a otro día de protesta. Además, cientos de miles de
colegiales en Los Angeles y otros lugares del país abandonaron sus planteles en
apoyo a sus familiares y comunidades, arriesgando la represión policial y las
sanciones legales. El mensaje se expresa claramente en el grito de los
manifestantes: '¡Aquí estamos y no nos vamos!'
Estas protestas, inéditas en la historia de los Estados Unidos, fueron
detonadas por la introducción del proyecto de Ley HR4437, a mediados de
marzo, en la Cámara de Representantes, por iniciativa del representante
republicano James Sensenbrenner, con el amplio apoyo del lobby anti-inmigrante.
Esta draconiana ley criminalizaría a los inmigrantes indocumentados,
estableciendo como un delito criminal estar en los Estados Unidos sin
documentación. También prevé la construcción de los primeros 1100 kilómetros
de una muralla militarizada entre México y EEUU y duplicar el tamaño de la
Patrulla Fronteriza estadounidense. Es más, se aplicarían sanciones criminales
contra cualquier persona que proporcione ayuda a los inmigrantes indocumentados,
incluyendo las iglesias, grupos humanitarios y agencias de servicios sociales.
Una vez tramitado el proyecto HR4437 en la Cámara, éste quedó estancado en el
Senado. El demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain co-patrocinaron
un proyecto de ley de “compromiso”, que hubiese quitado la cláusula de
criminalización que contiene HR4437, y permitido un plan limitado de amnistía
para ciertas personas indocumentadas. Habría permitido que quienes puedan
demostrar que han residido durante por lo menos cinco años en EEUU soliciten la
residencia, y más tarde la ciudadanía. Aquellas personas residentes en EEUU
durante dos a cinco años tendrían que volver a su país de origen, y entonces
solicitar un permiso temporal de 'trabajador huésped', a través de las
embajadas norteamericanas. Quienes no podrían demostrar haber estado en EEUU
durante dos años serían deportados. Incluso este proyecto de ley de
“compromiso” habría derivado en deportaciones masivas y mayores niveles de
control a todos los inmigrantes. Sin embargo, al final la oposición republicana
lo desechó. De modo que, para fines de abril, el proceso legislativo se estancó
por completo. Es probable que cualquier nueva acción legislativa se posponga
hasta después de las elecciones congresiles de este próximo mes de noviembre.
Explosión de ira
No obstante, la ola de protestas abarca mucho más que el HR4437. Representa la
explosión de la ira represada y el repudio frente a una situación agravada de
explotación y de un incremento de la represión y el racismo contra
inmigrantes. En años recientes, los y las inmigrantes han estado sujetos a
todos los abusos inimaginables. Por dos veces, en el estado de California, se
les ha negado el derecho de obtener licencias de manejar. Ello significa que
deben depender de un transporte público inadecuado o inexistente, o correr el
riesgo de manejar ilegalmente; más grave aún, la licencia de manejar es a
menudo un documento indispensable para realizar transacciones esenciales, como
cobrar los cheques o alquilar un apartamento. Los 3000 kilómetros de la
frontera entre EEUU y México están cada vez más militarizados y miles de
inmigrantes han muerto al cruzar la frontera. Se incrementan los grupos de odio
anti-inmigrante. Un discurso público descaradamente racista, que hace pocos años
habría sido considerado extremista, se ha vuelto cada vez más corriente, y
tiene antena libre en los medios de comunicación masivos.
En un plano más siniestro, la organización paramilitar Minutemen, una versión
moderna anti-latina del Ku Klux Klan, se ha expandido desde su lugar de origen
en la frontera sur de Arizona y California, hacia otras partes del país. Los
Minutemen reclaman que ellos deben 'dar seguridad a la frontera', ante un
inadecuado control en manos del Estado. Su discurso, más que racista, es
neo-fascista. Se ha filmado a algunos de ellos con camisetas que despliegan el
lema 'Kill a Mexican today' (hoy mata a un mexicano). Otros han organizado
safaris humanos en el desierto, con fines de lucro. Los clubes Minutemen han
sido promovidos por líderes de la derecha, hacendados adinerados, empresarios y
políticos. Pero su base social se apoya en aquellos sectores de la clase obrera
blanca, otrora privilegiada, que han sido flexibilizados y desplazados por la
reestructuración económica, la desregulación laboral y la fuga global de
capitales. Estos sectores hacen ahora de los inmigrantes el chivo expiatorio
-con el beneplácito de los sectores oficiales-, viéndolos como la causa de su
falta de seguridad y su pérdida de estatus económico.
Los y las inmigrantes y sus simpatizantes se han organizado a través de
expansivas redes de iglesias, clubes de inmigrantes y grupos de derechos,
asociaciones comunitarias, medios de comunicación hispanos y progresistas,
sindicatos y organizaciones pro justicia social. Las movilizaciones de
inmigrantes indudablemente han atemorizado a los sectores gobernantes. En abril
se reveló que KBR, una subsidiaria de Halliburton -la antigua empresa del
vicepresidente Dick Cheney, que mantiene lazos estrechos con el Pentágono y una
de las principales contratistas en la guerra de Irak- ganó un contrato de $385
millones de dólares para construir centros de detención de inmigrantes en gran
escala, ante la eventualidad de un 'flujo de emergencia' de inmigrantes.
La problemática inmigrante presenta una contradicción para los sectores
dominantes. El capital requiere de mano de obra barata y dócil de inmigrantes
latinos (y otros). Los/las inmigrantes latinos/as han copado masivamente los
escalones más bajos de la fuerza laboral norteamericana. Ellos proporcionan
casi toda la mano de obra agrícola y gran parte de la que se emplea en los
hoteles, restaurantes, construcción, conserjería y limpieza doméstica,
cuidado de niños, jardinería y diseño de jardines, reparto, empaque de carne
y aves, venta al detal, y mucho más. Toda vez, los sectores dominantes temen
que una marea creciente de inmigrantes latinos pueda conllevar una pérdida de
control cultural y político, volviéndose una fuente de contra-hegemonía e
inestabilidad; algo así como sucedió en París, el año pasado, con el
levantamiento de los trabajadores inmigrantes en esa capital europea, contra el
racismo y la marginalidad.
No es que los empresarios quieran eliminar la inmigración latina. Al contrario,
ellos quieren mantener una inmensa reserva de mano de obra explotable, que
subsista bajo condiciones precarias, que no disfrute de los derechos civiles,
políticos y laborales de los ciudadanos, y que sea desechable mediante la
deportación. Es la condición de deportable que ellos quieren conservar, puesta
que esta condición asegura la posibilidad de sobre-explotar con impunidad y de
desechar sin consecuencias, en el caso que esa mano de obra se vuelva
insubordinada o innecesaria.
La administración Bush se opone al HR4437, no porque esté a favor de los
derechos de los inmigrantes, sino porque tiene que hacer un acto de equilibrio,
para encontrar una fórmula que asegure un suministro estable de mano de obra
barata a los empresarios, y al mismo tiempo permita un mayor control estatal
sobre los inmigrantes. La propuesta de Bush es un programa de 'trabajadores huéspedes',
que descartaría la legalización de los inmigrantes indocumentados, los obligaría
a regresar a sus países de origen, para que allí soliciten visas de trabajo
temporales, e implementaría nuevas y más duras medidas de seguridad
fronteriza. Hay una larga historia de tales programas de 'trabajadores huéspedes',
que datan del programa de braceros, que trajo a millones de obreros mexicanos a
EEUU para cubrir la escasez de obreros durante la Segunda Guerra Mundial, para
deportarlos una vez que había de nuevo una disponibilidad de obreros
nacionales.
Latinos y afro-americanos
El movimiento de los derechos de inmigrantes está exigiendo derechos plenos
para todos los inmigrantes, incluyendo la amnistía, la protección laboral,
medidas de reunificación familiar, un mecanismo para acceder a la ciudadanía o
a la residencia permanente, en lugar de los programas de 'trabajadores huéspedes'
temporales, y que se terminen todos los ataques contra los inmigrantes y la
criminalización de las comunidades inmigrantes.
Un desafío clave que confronta el movimiento son las relaciones entre las
comunidades latinas y negras. Históricamente, los afro-americanos han ocupado
los escalones más bajos del sistema de castas norteamericano. Pero a medida que
los afro-americanos luchaban por sus derechos civiles y humanos, en los años
sesenta y setenta, se fueron organizando, politizando y radicalizando. Los
obreros negros lideraron el militantismo sindical. Todo ello hizo que fueran
vistos como mano de obra indeseable para el capital: 'rebelde' e
'insubordinada'.
A partir de los años ‘80, los empleadores comenzaron a expulsar a los obreros
negros y a reclutar masivamente a inmigrantes latinos, coincidiendo con la
desindustrialización y la reestructuración. La población negra cambió su
estatus de super-explotado a marginalizado -sujeto al desempleo, a los recortes
en los servicios sociales, al encarcelamiento masivo, y a una creciente represión
estatal- mientras que la mano de obra inmigrante latina se convertía en el
nuevo sector super-explotado. Hace 15 años, nadie veía una sola cara latina en
lugares como Iowa o Tennessee, pero ahora los trabajadores latinos -mexicanos,
centroamericanos y otros- son visibles en todas partes. Si algunos
afro-americanos han canalizado erradamente el enojo hacia los inmigrantes
latinos, por su situación de marginalidad, la comunidad negra tiene una queja
legítima contra el propio racismo anti-negro de muchos latinos, quienes a
menudo carecen de sensibilidad frente a la condición histórica de los negros y
la experiencia contemporánea que tienen del racismo, y muestran reticencia a
verlos como aliados naturales.
Migración y globalización
El aumento de la inmigración latina a EEUU es parte del impulso mundial de la
migración transnacional, generado por las fuerzas de la globalización
capitalista. El corolario del ascenso de una economía global integrada es la
emergencia de un mercado laboral verdaderamente global, pero altamente
segmentado. La mano de obra sobrante en cualquier parte del mundo puede ahora
ser reclutada y desplegada -a través de numerosos mecanismos- hacia donde el
capital transnacional la necesita. La mano de obra inmigrante se estima ahora
mundialmente en más de 200 millones, según los datos de la ONU. Unos 30
millones están en EEUU, y al menos 20 millón de ellos son de América Latina.
De estos 20 millones, unos 11 millones están indocumentados.
El lobby anti-inmigrante argumenta que estos inmigrantes 'son un desangre para
la economía norteamericana'. Toda vez, la Red Nacional de Solidaridad
Inmigrante señala que los y las inmigrantes contribuyen con siete mil millones
de dólares a la seguridad social cada año. Ellos ganan $240 mil millones,
declaran $90 mil millones, y apenas reciben cinco mil millones en reembolsos de
impuestos. También contribuyen a la economía estadounidense con $25 mil
millones más de lo que reciben en cuidados de salud y servicios sociales. Pero
éste es un argumento limitado, puesto que el asunto mayor son los incalculables
miles de millones de dólares que el trabajo inmigrante genera en ganancias y réditos
para el capital, de los cuales sólo una diminuta proporción regresa a los
inmigrantes en forma de sueldos.
Si la necesidad del capital de una mano de obra barata, maleable y deportable,
en los centros de la economía global, es el principal 'factor de arrastre' que
induce la inmigración latina a EEUU, el 'factor de empuje' es la devastación
dejada por dos décadas de neo-liberalismo en América Latina. La globalización
capitalista -el ajuste estructural, los acuerdos de libre comercio, las
privatizaciones, la contracción del empleo público y de los créditos, la
disolución de tierras comunales, y otros similares, junto con las crisis políticas
que estas medidas han generado- ha provocado la implosión de miles de
comunidades en América Latina y ha desatado una ola de migración, desde las áreas
rurales hacia las urbanas y a otros países, análoga únicamente al masivo
desarraigo y migración que generalmente ocurre como secuela de las guerras.
Importancia de las remesas
La migración latina transnacional ha conllevado a un aumento enorme en las
remesas que los trabajadores de etnia latina en el extranjero envían a las
redes familiares ampliadas en América Latina. Los trabajadores latinoamericanos
en el exterior enviaron a sus países unos $57 mil millones en 2005, según el
Banco Interamericano de Desarrollo. Estas remesas fueron la principal fuente de
divisas para República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, y Nicaragua, y la segunda fuente en importancia para Belice,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Surinam, según el Banco. Los $20 mil
millones enviados a casa en 2005 por un estimado de 10 millones de mexicanos en
los Estados Unidos, sumaban más que los ingresos de turismo del país y fueron
superados únicamente por el petróleo y las exportaciones de las maquiladoras.
Estas remesas permiten a millones de familias latinoamericanas sobrevivir, al
comprar bienes importados del mercado mundial, o producidos localmente o por el
capital transnacional. Facilitan la supervivencia familiar en una época de
crisis y ajuste, sobre todo para los sectores más pobres; constituyen redes de
seguridad que reemplazan el rol de los gobiernos y del empleo fijo para
garantizar la seguridad económica. La emigración y las remesas también sirven
el objetivo político de pacificación. Desde los años ochenta, a medida que la
emigración latinoamericana hacia EEUU se expandía velozmente, ayudó a disipar
las tensiones sociales y a socavar la oposición política y laboral a los
regimenes e instituciones vigentes. Las remesas ayudaron a compensar los
desequilibrios macroeconómicos, y en algunos casos, a evitar el derrumbe económico,
y por lo mismo contribuyeron a apuntalar las condiciones políticas para un
ambiente favorable al capital transnacional.
Por consiguiente, vinculada con el debate sobre inmigración en EEUU está la
propia economía política del capitalismo global en el Hemisferio Occidental:
la cual ahora se está disputando con fuerza en diversas partes de América
Latina, con la ola de luchas populares de masas y el giro hacia la izquierda. La
lucha por los derechos de inmigración en EEUU está, entonces, íntimamente
vinculada a la lucha más amplia, en América Latina y el mundo, por la justicia
social.
tomado de : http://www.argenpress.info/nota.asp?num=029901